Pero, siendo probablemente ciertos, debe reconocerse que ni el mayor poder político, ni la modificación del marco regulatorio, ni, tal vez, el desarrollo de métodos más impositivos, serían posibles si los sindicatos no hubieran ensanchado su base objetiva de sustentación. En otros términos, lo que aquí se postula es que el crecimiento del poder sindical encuentra su condición necesaria (bien que no suficiente) en la evolución del mercado de trabajo en la post-crisis.
Desde mediados de 2003 se crearon unos 2,8 millones de empleos. Ello permitió una disminución del desempleo de 20,4% en el primer trimestre de ese año, al 7,5% actual. Pero lo que quizás sea más significativo, dos de cada tres de esos nuevos empleos son asalariados privados registrados, en su mayor parte cubiertos por convenios colectivos de trabajo(1). (Si bien no es el tema bajo análisis, vale la pena señalar que, a su vez, dos de cada tres nuevos puestos asalariados privados registrados son de sectores de servicios).
Esto significa que el peso de los sindicatos definido por la cobertura de los convenios colectivos -sobre los que detentan la exclusividad de la representación laboral- creció más de 7 puntos en el empleo total. Podría argumentarse que no todos los asalariados convencionados están afiliados a un sindicato; pero dado que el convenio es de aplicación general (el principio erga omnes) y, por otra parte, la personería gremial es única por sector, parece plausible definir la base objetiva de sustentación del poder sindical, a partir de la cobertura convencional. Desde 2003, esa cobertura –aproximada por el número de asalariados registrados en el sector privado- creció casi 60%.
